Por Pía Greene, directora ejecutiva de Fundación Amparo y Justicia
En menos de 24 horas, seis personas fueron asesinadas en la Región Metropolitana. Entre ellas, un adolescente de 17 años que regresaba a su casa y que recibió un disparo a plena luz del día. El hecho conmociona, pero lamentablemente ya no sorprende.
Estos casos, cada vez menos aislados, exigen atención urgente. El crimen organizado se ha instalado como protagonista en los homicidios de niños, niñas y adolescentes. En 2025, el 40,4% de estas muertes estuvo asociado a ese contexto, una proporción superior a la observada en los homicidios en general. En más de la mitad de los casos se utilizaron armas de fuego y seis de cada diez ocurrieron en la vía pública.
Hace cuatro años en Chile casi no hablábamos de crimen organizado. Hace dos, recién empezábamos a reconocerlo. Hoy, solo en lo que va de marzo, un seguimiento de prensa permite identificar siete asesinatos de menores de edad, al menos la mitad posiblemente vinculados a esta dinámica. El último Boletín Estadístico del Ministerio Público indica que los homicidios consumados, frustrados y tentados contra niños, niñas y adolescentes pasaron de 351 en 2024 a 387 en 2025, un aumento de 10%, equivalente a un caso cada 22 horas.
Estos homicidios no responden a una sola lógica. En los niños más pequeños, muchas muertes ocurren en contextos de violencia intrafamiliar. En cambio, en la adolescencia la criminalidad organizada se instala con mayor fuerza. Pero no podemos olvidar que un niño de 14 años no tiene la capacidad de tomar decisiones plenamente informadas, por lo que muchas veces termina siendo víctima de estas organizaciones.
Las bandas operan como empresas y requieren constantemente nuevas generaciones para sostener su funcionamiento. En ese contexto, un niño dentro del crimen organizado es un niño potencialmente muerto.
Lo que agrava el cuadro es que muchos de estos menores de edad no eran desconocidos para el Estado. Según datos de la Subsecretaría de la Niñez, alrededor del 90% de los niños que mueren por causas violentas había tenido contacto con instituciones públicas en algún momento de su vida, ya sea el sistema escolar, programas sociales o servicios de protección. El Estado los conocía. El problema es que esa información está fragmentada y no existe una articulación que permita identificar a tiempo a quienes están en mayor riesgo.
No estamos hablando solo de un problema de seguridad pública, es una crisis de protección a la infancia. La evidencia es contundente al señalar que la respuesta exige investigación especializada caso a caso, protocolos interinstitucionales e intercambio oportuno de información.
Cada homicidio de un niño, niña o adolescente debe analizarse en profundidad: su trayectoria de vida, su entorno y las redes de protección que debían estar presentes. Solo así será posible identificar patrones y diseñar políticas públicas que permitan prevenir y no solo reaccionar.
Hoy existe poca capacidad técnica en los equipos que trabajan en estos casos, lo que dificulta no solo la justicia, sino también la comprensión de un fenómeno cada vez más presente. El Grupo Intersectorial para la Prevención e Investigación de Homicidios de Niños, Niñas y Adolescentes, que reúne a once organismos del Estado, ya elaboró un diagnóstico y trabaja en propuestas concretas con énfasis en la coordinación interinstitucional.
Es un avance. Pero, sin ese esfuerzo sostenido y sin la voluntad política de traducirlo en acción, seguiremos teniendo casos de niños muertos sin entender qué falló ni cómo evitarlo.
