Durante 25 años, nuestra Fundación ha trabajado para facilitar el acceso a la justicia y a la reparación psicosocial de las familias que han perdido a un hijo o hija debido a una agresión sexual con resultado de muerte. Debido a esta experiencia, hemos logrado incidir en políticas públicas relacionadas con la protección de los derechos de la niñez, permitiéndonos así contribuir a mejorar la respuesta que el sistema de justicia penal le otorga a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales.
Uno de los desafíos de la Fundación ha sido promover la efectiva implementación de la Ley de Entrevistas Videograbadas. Desde antes de su aplicación en todo el país, colabora con la formación de entrevistadores y entrevistadoras, instructores e instructoras; la difusión de la normativa; y la elaboración de estudios e informes técnicos que contribuyen a la toma de decisiones para un mejor funcionamiento de la política pública.
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