El año pasado, de acuerdo a la ONG, 76 niños, niñas y adolescentes (NNA) fallecieron producto de un homicidio.
Durante el año pasado, 1.207 personas murieron a causa de un homicidio en Chile. La cifra, si bien es más baja que años anteriores, revela una alarmante situación: 76 víctimas de este delito corresponden a niños, niñas y adolescentes (NNA). Según un análisis de la Fundación Amparo y Justicia, la estadística se traduce en que cada cinco días un menor de edad fue asesinado durante 2024.
Las estadísticas de la ONG, recogidas oficialmente desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, no sólo reflejan una alarmante proporción de crímenes que involucran a NNA, sino que también expone que el año pasado se registró el mayor número de menores de edad que perdieron la vida por un delito violento.
La organización, además, alude a cifras los últimos siete años, lo que da cuenta que durante ese periodo 359 niños fueron víctimas de un homicidio.
En ese mismo periodo, los crímenes de este tipo se duplicaron, pasando de 37 casos, el 2018, a los 76 ocurridos el año pasado.
Para Loreto Moore, directora ejecutiva de Fundación Amparo y Justicia, “es una situación crítica que la cantidad de víctimas se haya duplicado en un periodo de siete años. Desde 2019 ya se observa un aumento sostenido. Aunque la pandemia pareció frenar momentáneamente esta tendencia, a partir de 2021 el incremento se retoma con fuerza”.
“Este no es un fenómeno aislado ni estancado: entre 2023 y 2024, las víctimas aumentaron de 66 a 76. Esto significa que cada cinco días un niño fue asesinado en nuestro país. Esto demuestra que la violencia contra los NNA sigue creciendo y exige una respuesta urgente y coordinada del Estado y la sociedad”, agrega la directora ejecutiva.
El análisis de la fundación detalla que el 64,1% de todos los homicidios tiene como víctima a un menor de edad de entre 15 y 17 años. Mientras que el otro 35,9% eran niños de entre 0 y 14 años.
Más homicidios en la vía pública
Donde también han existido cambios en el desarrollo de estos ilícitos es en los contextos en los que ocurren.
Según el reporte de Amparo y Justicia, durante el año pasado el 83,3% de los menores de edad entre 15 y 17 años que fueron víctimas de homicidios, el hecho ocurrió en la vía pública.
El 2018, y considerando los mismos factores, dicha proporción ascendía al 50%, lo que refleja un aumento sustancial en los últimos siete años destacan en la ONG.
En tanto, respecto a quienes han perdido la vida en domicilios particulares, la cifra registra una baja. Aunque se concentra en aquellos decesos de menores de edad que tienen entre 0 y 14 años (68%), ya que son ellos los que han protagonizado crímenes en su entorno familiar, es decir al interior de las cuatro paredes que los albergan.
Moore explica que “los adolescentes, al contar con mayor autonomía, realizan más actividades fuera del hogar, lo que incrementa su exposición a riesgos en espacios públicos. Así lo ha demostrado también la evidencia internacional”.
Pero no sólo eso, porque la directora ejecutiva de la ONG también advierte que “a esto se suma el aumento de los niveles de violencia en los barrios, lo que eleva el riesgo no solo para adolescentes, sino también para niños y niñas más pequeños. Prueba de ello es el preocupante aumento de los homicidios con armas de fuego, que se han cuadruplicado en este periodo en el caso de niños, niñas y adolescentes”.
La realidad regional
Pero no sólo el incremento de los homicidios que tienen como víctimas a niños es algo que alerta a la Fundación Amparo y Justicia. La organización también advierte sobre la compleja situación que se registra a nivel local, dado que tres regiones suman dos tercios de todos los decesos por delitos violentos que han involucrado a menores de edad durante los últimos siete años.
En detalle, la Región Metropolitana (RM) concentra 179 crímenes desde el 2018 al año pasado, lo que se traduce en que la capital tiene el 50% de los homicidios en los que una víctima es menor de edad. Más atrás está la Región del Biobío, con 31 casos, y Valparaíso, con 29.
Moore explica que las distintas regiones del país “reflejan realidades diversas”. Esto, afirma, porque “en aquellas con centros urbanos más poblados —como Valparaíso y Biobío— se observa un patrón similar al de la Región Metropolitana: las víctimas son principalmente adolescentes, los hechos ocurren en la vía pública y median las armas de fuego”.
“Las grandes ciudades tienden a presentar comportamientos similares a los de las capitales nacionales debido a sus formas de vida, con una mayor presencia de contextos violentos, tráfico de drogas y otros fenómenos criminales”, sostiene la directora ejecutiva.
Moore concluye que para mejorar este complejo escenario “todavía falta una comprensión sistémica del problema por parte de todos los organismos del Estado, así como una actuación coherente basada en dicha comprensión. Por ejemplo, el sistema educativo y el sistema de salud pueden desempeñar un rol clave en la detección temprana de vulneraciones y en la promoción del buen trato hacia la infancia y la adolescencia. Si bien este enfoque está presente en el discurso institucional, aún falta que se traduzca de manera efectiva en la práctica”.
