Después de tres años de la implementación de la primera etapa de la Ley 21.057 de Entrevistas Videograbadas, el 3 de octubre se dio el vamos a su tercera etapa con la puesta en marcha en las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Los Lagos y Metropolitana.
Este hito se celebró en el Centro de Justicia con la participación de representantes de todas las instituciones que participan en la ejecución de la normativa.
“La Ley que desde hoy entra en vigencia en todo el territorio nacional resguarda la privacidad y seguridad de niños, niñas y adolescentes. Todas las manifestaciones que este exprese deben ser registradas en forma íntegra, sin realizar preguntas que apunten a detallar las forma cómo sucedieron los hechos y personas involucradas”, dijo la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos.
Asimismo, señaló que “uno de los objetivos que persigue esta Ley es evitar la exposición reiterada e injustificada de los niños, niñas y adolescentes a instancias que busquen establecer la ocurrencia de estos hechos en materia de investigación y de la participación criminal”.
En tanto, el fiscal nacional (s), Juan Agustín Meléndez, dijo que la implementación de la Ley 21.057 a nivel nacional es “un hito histórico, ya que Chile puede dar cuenta de un logro sustancial en el respeto de los derechos de las personas y su efectivo reconocimiento y ejercicio”, mientras que el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, afirmó que “se trata de una ley ampliamente esperada por la ciudadanía y urgentemente requerida por este grupo de sujetos de derechos que son víctimas de algún tipo de abuso sexual y que según cifras de Unicef alcanza un 8,7% de niños, niñas y adolescentes en nuestro país”.
Catalina Fernández, gerente general de Fundación Amparo y Justicia, organización que sigue colaborando con la formación especializada de entrevistadores y entrevistadoras; instructores e instructoras; la difusión de la normativa; y el desarrollo de estudios e informes técnicos en el contexto del proceso de monitoreo y evaluación, precisó que “como representantes de la sociedad civil y como expertos técnicos en la materia, creemos que es urgente seguir avanzando en la protección de los derechos de la niñez. Nuestro deber es velar por una correcta y eficiente implementación de la Ley de Entrevistas Videograbadas, alertando sobre los desafíos de las instituciones que aún no permiten que se cumpla cabalmente el objetivo de esta normativa: prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves”.
