“Quienes han sido condenados por agresiones sexuales múltiples debieran ser objeto de un procedimiento especialmente riguroso cuando postulen a cualquier beneficio que les permita reincorporarse al medio libre, pues el riesgo de reincidencia es altísimo”. Carta al director en El Mercurio de Ramón Suárez y Alejandro Espinoza, miembros del Directorio de Fundación Amparo y Justicia.
En la ciudad de Copiapó ha sido formalizado por graves crímenes, entre ellos homicidios y sustracción de menores, un sujeto que cumplía sentencia por dos delitos de robo con violación, y al cual se le había concedido la libertad condicional. Lo anterior evidencia que quienes han sido condenados por agresiones sexuales múltiples debieran ser objeto de un procedimiento especialmente riguroso cuando postulen a cualquier beneficio que les permita reincorporarse al medio libre, pues el riesgo de reincidencia es altísimo, como también lo demuestra nuestra experiencia de más de 20 años representando a familias que han sufrido la tragedia de perder a un hijo o hija, víctima de violación con homicidio.
En enero de este año se modificaron las normas sobre Libertad Condicional, exigiendo a Gendarmería elaborar un informe psicosocial del postulante, que permita orientar a la Comisión de Libertad Condicional sobre los riesgos de reincidencia y condiciones de reinserción social del condenado. Esta nueva legislación otorga nuevas herramientas y antecedentes a los comisionados, que esperamos minimice el riesgo de que los internos que son un peligro para la seguridad de la sociedad puedan acceder al medio libre.
No obstante este avance, nuestra legislación aún es deficiente, pues obliga a los comisionados a tener por acreditada la buena conducta del postulante, sólo considerando los 8 meses previos a la solicitud del beneficio, lo que impediría revisar la totalidad del comportamiento durante el cumplimiento de la pena, importante predictor del actuar futuro y de la resocialización del condenado.
Hacemos un llamado al legislador para revisar esta normativa, como asimismo sugerimos considerar que las víctimas y sus familias puedan ser informadas oportunamente de los procesos de postulación para que tengan la posibilidad de ejercer los derechos que la Constitución y las leyes les reconocen.
Fuente: El Mercurio
