Nuestro propósito

A través del Grupo Intersectorial para la Prevención e Investigación de Homicidios de Niños, Niñas y Adolescentes, la Fundación impulsó un diagnóstico nacional para avanzar en soluciones concretas frente a esta problemática. Este trabajo colaborativo busca mejorar la respuesta del Estado y prevenir este tipo de delitos.

La Fundación inició una nueva línea de trabajo orientada a fortalecer la detección temprana e investigación de homicidios y muertes sospechosas de niños, niñas y adolescentes. Además, el diplomado realizado junto a la Universidad Católica llegó a su fin luego de 10 años, 14 versiones y más de 800 profesionales formados.

Uno de los hitos del año fue la realización del Encuentro de Familias. Además, se aprobaron modificaciones a la Ley de Libertad Condicional y se lanzó el proyecto “¿Sabes cómo actuar si te enteras de un delito sexual contra niños, niñas y adolescentes?”, orientado a informar y guiar a cuidadores y comunidades.

Se inició la tercera y última etapa de implementación de la Ley de Entrevistas Videograbadas. La Fundación continuó apoyando a instituciones públicas y lanzó el Libro del Entrevistador/a y el Libro del Intermediario/a, herramientas clave para fortalecer el trabajo especializado en investigaciones con víctimas infantiles.

La Fundación acompañó a familias que enfrentaron la pérdida de sus hijos e hija y siguió facilitando apoyo integral durante sus procesos judiciales. En el marco de la Ley 21.057, diseñó e implementó un Curso de Formación Online para Entrevistadores, utilizando la plataforma Moodle y evaluando los aprendizajes alcanzados.

La Fundación continuó impulsando la prevención de la victimización secundaria mediante aportes a políticas públicas, información técnica y capacitación a instituciones del sistema de infancia. Además, siguió acompañando a familias afectadas por delitos graves, entregando apoyo multidisciplinario y acompañamiento especializado en sus procesos de búsqueda de justicia y reparación.

La Fundación representó a la madre de Ámbar, niña de un año y siete meses víctima de violación con homicidio en Los Andes. Tras 16 meses de investigación y un mes de juicio, se condenó a presidio perpetuo calificado al responsable. Ese año inició la primera etapa de implementación de la Ley 21.057.

En enero se promulgó la Ley de Entrevistas Videograbadas. Para celebrar este hito, Fundación Amparo y Justicia inauguró la Escalera de la Niñez “Protección y Esperanza” en Providencia, una obra urbana que simboliza la importancia de cuidar y proteger a niños y niñas en todo Chile.

La Fundación comenzó a trabajar con instituciones del sistema de justicia penal en la formación de entrevistadores e instructores especializados, desarrollando los primeros cursos oficiales. En octubre, después de cuatro años de tramitación legislativa, se aprobó la Ley de Entrevistas Videograbadas, un hito clave para la protección de niños, niñas y adolescentes.

Se realizó el cuarto encuentro con familias afectadas por delitos graves, instancia que dio continuidad al acompañamiento de la Fundación. Ese año, se lanzó la primera versión del libro “Entrevista Investigativa Videograbada”, destinado a consolidar buenas prácticas y apoyar la formación especializada de profesionales del sistema de justicia penal.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley de Entrevistas Videograbadas. Junto a la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Fundación realizó la primera versión del diplomado “Los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y el sistema judicial”.

Para promover la futura implementación del sistema de entrevistas videograbadas, la Fundación lanzó la campaña “No me pregunten más”. La iniciativa buscó sensibilizar sobre la necesidad de evitar múltiples declaraciones y proteger a niños, niñas y adolescentes de la victimización secundaria durante los procesos de investigación.

Tras el trabajo de las mesas técnicas y la revisión de experiencias internacionales, la Fundación presentó al Ejecutivo un anteproyecto de ley para crear un sistema de entrevistas videograbadas. La propuesta buscaba proteger a niños, niñas y adolescentes durante la investigación penal.

Amparo y Justicia y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública firmaron un convenio para fortalecer la atención a familias afectadas por casos de violación con homicidio infantil, asegurando apoyo oportuno y especializado. Ese año también se convocó a una mesa de trabajo intersectorial y se desarrolló el tercer seminario internacional.

Se llevó a cabo un segundo seminario sobre delitos sexuales, que reunió a funcionarios de diversas instituciones del sistema de justicia penal. Además, se conformó una primera mesa interinstitucional para analizar cómo prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes y fortalecer la coordinación entre actores públicos.

Tras asumir casos de delitos sexuales sin resultado de muerte, la Fundación incorporó a su misión la tarea de reducir la victimización secundaria. Ese año se realizó el primer seminario internacional sobre delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, impulsando el debate y la formación especializada en el sistema de justicia.

Amparo y Justicia asumió el caso de Alto Hospicio, representando legalmente a las familias de las adolescentes que fueron violadas y asesinadas por un psicópata serial. Asimismo, brindó apoyo psicosocial y acompañamiento durante el proceso judicial, fortaleciendo el trabajo directo con las familias.

Amparo y Justicia nació tras la desprotección que enfrentó la familia de una niña de 5 años víctima de violación con homicidio en Talcahuano. Ese mismo año, otros tres casos en Coelemu, Valparaíso y Hualañé conmocionaron al país y dieron origen a la creación de la Fundación.