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Atención y representación legal en cada caso, a través de un equipo de abogados con amplia experiencia en la tramitación y litigación de casos de violación con homicidio de niños, niñas y adolescentes. Se acompaña a la familia de la víctima durante todo el proceso penal, buscando la pena máxima que contempla la ley chilena. Esta gestión ha permitido conseguir altas penas en los más de 40 casos representados por la organización desde sus inicios.
Posteriormente, se monitorea el cumplimiento de las condenas, representando a las familias ante las Comisiones de Libertad Condicional, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema frente a posibles acciones de la defensa de los condenados.
Adicionalmente, desde 2018, el equipo legal de la Fundación ha representado a las familias ante las Comisiones de Libertad Condicional, cuando los condenados por estos graves delitos postulan a este beneficio. La amplia experiencia en la tramitación y litigación de estos casos ha permitido presentar los antecedentes necesarios para demostrar que estas personas no están rehabilitadas ni preparadas para la vida en sociedad.
Se entrega apoyo psicológico especializado, cuyo fin es que las familias puedan dar sentido a la dolorosa experiencia que han sufrido, contribuyendo con su recuperación y facilitar la reconstrucción de sus vidas.
Este apoyo no sólo supone la etapa de crisis, inmediatamente después de ocurrido el crimen, sino que también se acompaña a las familias durante todo el proceso de duelo, gestionando atención psiquiátrica, cuando es necesario.
A través de un convenio de colaboración, la Fundación realiza un trabajo coordinado con el Programa de Apoyo a Víctimas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante sus centros de atención a nivel nacional.
Se entrega orientación y se fomenta, a través de diversas acciones, el empoderamiento de las familias y el correcto uso de las redes públicas.
Considera el apoyo en materia de educación superior a padres, madres y hermanos de las víctimas, otorgándoles orientación vocacional, ayuda a postular a becas estatales y acompañamiento durante todo el proceso educativo. Esto permite que muchos puedan obtener una carrera que les facilita la empleabilidad y el acceso a mejores ingresos.
El acceso a la vivienda es otra de las líneas de intervención social. En este ámbito, se realizan múltiples gestiones con los SERVIUs regionales.
Diseño y ejecución de programas de formación especializada
Ejecución de campañas de sensibilización y difusión de derechos
Desarrollo de evaluaciones, análisis normativos y otros estudios
Elaboración de recomendaciones a legisladores y tomadores de decisión
Con el fin de contribuir a la correcta implementación de la Ley 21.057 de Entrevistas Videograbadas, cuyo objetivo es prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y jóvenes víctimas de delitos sexuales y otros delitos graves, Amparo y Justicia colabora con la formación de entrevistadoras y entrevistadores, instructoras e instructores; la difusión de la normativa; y la elaboración de estudios e informes técnicos que contribuyan a la toma de decisiones para un mejor funcionamiento de la política pública.
El objetivo de este programa académico es contribuir a la especialización y actualización de profesionales y funcionarios del sistema de justicia, respecto a la investigación y juzgamiento de casos de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
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