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Existimos para mejorar el acceso a la justicia de familias que han perdido a un hijo o hija por una agresión sexual en el contexto de un homicidio.

¿Cómo cumplimos este propósito?

I. Atención a familias

Con un modelo de intervención integral que se caracteriza por proveer apoyo oportuno, especializado, gratuito y de calidad a las familias que han perdido a un hijo o hija por una agresión sexual en el contexto de un homicidio.
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II. Incidencia en
políticas públicas

Mediante el desarrollo de políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, y de sus familias.
Más información

I. Atención a familias

Desde sus orígenes en 1998, Fundación Amparo y Justicia ha desarrollado un modelo de intervención integral (legal, psicológica y social) dirigido a familias que han perdido a un hijo o hija por una agresión sexual en el contexto de un homicidio.
Este modelo se caracteriza por proveer apoyo oportuno, especializado, gratuito y de calidad, otorgándoles a padres, madres, abuelos, abuelas, hermanos y hermanas, acompañamiento permanente para enfrentar las consecuencias de la victimización.

La atención a familias se traduce en:

Atención y representación legal

Atención y representación legal en cada caso, a través de un equipo de abogados con amplia experiencia en la tramitación y litigación de casos de violación con homicidio de niños, niñas y adolescentes. Se acompaña a la familia de la víctima durante todo el proceso penal, buscando la pena máxima que contempla la ley chilena. Esta gestión ha permitido conseguir altas penas en los más de 40 casos representados por la organización desde sus inicios.

Posteriormente, se monitorea el cumplimiento de las condenas, representando a las familias ante las Comisiones de Libertad Condicional, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema frente a posibles acciones de la defensa de los condenados.

Adicionalmente, desde 2018, el equipo legal de la Fundación ha representado a las familias ante las Comisiones de Libertad Condicional, cuando los condenados por estos graves delitos postulan a este beneficio. La amplia experiencia en la tramitación y litigación de estos casos ha permitido presentar los antecedentes necesarios para demostrar que estas personas no están rehabilitadas ni preparadas para la vida en sociedad.

Apoyo psicológico especializado

Se entrega apoyo psicológico especializado, cuyo fin es que las familias puedan dar sentido a la dolorosa experiencia que han sufrido, contribuyendo con su recuperación y facilitar la reconstrucción de sus vidas.

Este apoyo no sólo supone la etapa de crisis, inmediatamente después de ocurrido el crimen, sino que también se acompaña a las familias durante todo el proceso de duelo, gestionando atención psiquiátrica, cuando es necesario.

A través de un convenio de colaboración, la Fundación realiza un trabajo coordinado con el Programa de Apoyo a Víctimas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante sus centros de atención a nivel nacional.

Acompañamiento social

Se entrega orientación y se fomenta, a través de diversas acciones, el empoderamiento de las familias y el correcto uso de las redes públicas.

Considera el apoyo en materia de educación superior a padres, madres y hermanos de las víctimas, otorgándoles orientación vocacional, ayuda a postular a becas estatales y acompañamiento durante todo el proceso educativo. Esto permite que muchos puedan obtener una carrera que les facilita la empleabilidad y el acceso a mejores ingresos.

El acceso a la vivienda es otra de las líneas de intervención social. En este ámbito, se realizan múltiples gestiones con los SERVIUs regionales.

Durante 2023, 97 personas pertenecientes a 38 familias recibieron apoyo en salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social.

II. Incidencia en políticas públicas

Identificamos problemáticas, proponemos alternativas de solución, apoyamos procesos de implementación y/o evaluamos políticas públicas enfocadas en instalar capacidades que fortalezcan la respuesta de las instituciones.

La experiencia de 25 años trabajando con familias y representando casos de agresión sexual en el contexto de un homicidio de niños, niñas y adolescentes, nos ha permitido incidir en políticas públicas a través de:

Diseño y ejecución de programas de formación especializada

Ejecución de campañas de sensibilización y difusión de derechos

Desarrollo de evaluaciones, análisis normativos y otros estudios

Elaboración de recomendaciones a legisladores y tomadores de decisión

Rol de la Fundación en la implementación de la Ley 21.057 de Entrevistas Videograbadas

Con el fin de contribuir a la correcta implementación de la Ley 21.057 de Entrevistas Videograbadas, cuyo objetivo es prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y jóvenes víctimas de delitos sexuales y otros delitos graves, Amparo y Justicia colabora con la formación de entrevistadoras y entrevistadores, instructoras e instructores; la difusión de la normativa; y la elaboración de estudios e informes técnicos que contribuyan a la toma de decisiones para un mejor funcionamiento de la política pública. 

En 2007 y tras conocer de cerca la experiencia de una niña víctima de una agresión sexual que había sido interrogada en más de siete ocasiones por funcionarios de las policías, fiscalías y de salud, el directorio de Fundación Amparo y Justicia decidió incidir en una solución para que las instituciones del sistema de justicia penal otorgaran un mejor trato a las víctimas.

Fue así como se impulsó un sistema de entrevistas videograbadas, usado internacionalmente y que evita la victimización secundaria.
#NoMePreguntenMás
Iniciativa de Fundación
Amparo y Justicia
Conoce la campaña #NoMePreguntenMás

¿Cómo actuar si me entero de un delito sexual contra niños, niñas o adolescentes?

Iniciativa de Fundación Amparo y Justicia
¿Eres niño, niña
o adolescente?
¿Eres madre, padre
o cuidador?
¿Trabajas con niños, niñas
y adolescentes?

Diplomado

Sobre delitos sexuales contra
niños, niñas y adolescentes

El objetivo de este programa académico es contribuir a la especialización y actualización de profesionales y funcionarios del sistema de justicia, respecto a la investigación y juzgamiento de casos de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

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