Este jueves 03 de junio comenzó la segunda etapa de implementación de la Ley 21.057 de Entrevistas Videograbadas a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales o violentos, esta vez en seis nuevas regiones del país.
La ley entró en vigencia hoy en Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble, La Araucanía y Los Ríos, hito que se remarcó con una ceremonia telemática en la que participaron el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva; el fiscal nacional, Jorge Abbott; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, y autoridades de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, de los gobiernos regionales e instituciones nacionales y de la sociedad civil que participaron en el impulso de la normativa, como Fundación Amparo y Justicia.
Durante la ceremonia, las autoridades participantes relevaron la importancia de la entrada en vigencia de esta segunda etapa de la ley, fruto de un largo trabajo de coordinación interinstitucional. Se destacó, especialmente, el papel y permanente apoyo de Fundación Amparo y Justicia para impulsar esta iniciativa hasta verla convertida en ley.
«Es un nuevo paso en algo extraordinariamente importante, que instala un nuevo paradigma en la forma de tratar a niños, niñas y adolescentes en un proceso penal (…) Quiero agradecer, ciertamente, a la Fundación Amparo y Justicia que, como sabemos, inspiró la presentación de esta iniciativa legal», dijo el ministro de Justicia, Hernán Larraín.
Por su parte, el fiscal nacional, Jorge Abbott, también destacó el trabajo de todas las instituciones de los sectores público y privado participantes. “Cuando tenemos la capacidad de unirnos, de trabajar juntos en pos de un propósito común, que es lograr una mejor calidad de vida para los chilenos, tenemos la capacidad de lograr muchas cosas (…) Al entrar en vigencia la Ley 21.057 en estas regiones, estamos cambiando la historia, particularmente, para los niños, niñas y adolescentes, quienes estarán más protegidos de la victimización secundaria y se les resguardarán sus derechos a ser escuchados y entendidos según su edad y propias capacidades, dándole un real acceso a la justicia”, dijo Abbott.
En el mismo sentido, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, destacó que la existencia de esta ley no habría sido posible “sin la colaboración y coordinación de una multiplicidad de actores, provenientes de órganos de gobierno, del poder legislativo y la sociedad civil”.
Al mismo tiempo, el magistrado señaló como desafíos pendientes ampliar la capacitación a todos los operadores, y difundirla también a áreas de salud, educación y del sistema proteccional. También apuntó la necesidad de mejorar los apoyos orgánicos para facilitar la labor de entrevistadores e intermediarios, su formación continua, la prolongación en el tiempo de los procesos y la revisión constante del sistema, entre otras tareas.
Implementación por etapas
La Ley 21.057 comenzó su implementación en octubre de 2019 en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén, y de Magallanes y Antártica Chilena. El proceso finalizará el próximo año, cuando se sumen las cuatro últimas regiones, entre ellas, la metropolitana.
“El hecho de que la Ley de Entrevistas Videograbadas se implemente por etapas, es una oportunidad para realizar las correcciones necesarias a los obstáculos evidenciados en las regiones donde primero entró en vigencia la normativa. En particular, es imperativo que aumente la cobertura de las entrevistas llevadas a cabo a niños, niñas y adolescentes, así como también que disminuyan los tiempos de espera para la aplicación de la Entrevista Investigativa Videograbadas”, explicó Paulina Leiva, gerente general de Fundación Amparo y Justicia.
El principal objetivo de esta ley es evitar la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes que deban declarar en el sistema de justicia penal. Para ello, esta normativa obliga a las instituciones investigadoras y persecutoras a habilitar espacios físicos adecuados para el desarrollo de las entrevistas, y que estas sean realizadas por entrevistadores debidamente formados y acreditados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Además, establece reglas que permitan iniciar el proceso investigativo en el menor tiempo posible, así como para el registro audiovisual de la entrevista y su posterior exhibición, copia y difusión, entre otras medidas de resguardo. Lo anterior, sin embargo, no reemplaza la comparecencia de las víctimas o testigos en un juicio oral, instancia en que la declaración se realiza mediante un intermediador.
Como hito simbólico de la entrada en vigencia de la ley, en la ceremonia realizada este jueves se realizó un corte de cinta en las nuevas salas especializadas de entrevista ubicadas en tribunales, fiscalías y cuarteles PDI de las regiones en que a partir de hoy se implementó la normativa.
La Ley 21.057 fue promulgada en enero de 2018, pero su calendario de implementación gradual sufrió postergaciones el año pasado luego de que el Ejecutivo ingresara una modificación a la normativa, en atención a necesidades técnicas y operativas, y a las dificultades generadas por la situación de pandemia en el país.
La implementación de la ley se completará el 03 de octubre de 2022 cuando entre en vigencia en las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Los Lagos y Metropolitana.
Según datos del Ministerio Público, desde la primera etapa hasta la fecha se han realizado 2.345 entrevistas videograbadas, de las cuales 1.290 se hicieron durante la pandemia.
El trabajo de Fundación Amparo y Justicia
En 2007, después de una década trabajando en casos de violación con homicidio de niños, niñas y adolescentes, Fundación Amparo y Justicia se fijó como un nuevo desafío el prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes que han sufrido delitos sexuales.
Con ese fin, se instauró una hoja de ruta para evitar que las mismas instituciones del sistema de justicia penal generaran un daño adicional al causado por el propio delito. Se buscaba generar conciencia transmitiendo las consecuencias de la victimización secundaria y la importancia de brindar una adecuada respuesta a las necesidades de las víctimas.
Con este fin se impulsaron acciones para difundir la temática y se fue comprendiendo lo necesario de la incorporación de la Entrevista Investigativa Videograbada como una contribución concreta para evitar la afectación que se generaba en los niños.
Por cuatro años, el proyecto de Ley de Entrevistas Videograbadas estuvo en tramitación en el Congreso. De forma paralela, la Fundación aportó con información e insumos técnicos e impulsó la campaña “No Me Preguntes Más” que hizo que la comunidad exigiera la tramitación de esta ley.
