El análisis realizado por la entidad refleja que las denuncias han aumentado, pero no así las formalizaciones de las causas. De hecho, más del 84% de los casos por estos ilícitos se terminan sin alcanzar una salida judicial.
Por Juan Manuel Ojeda
La Fundación Amparo y Justicia publicó este miércoles su estudio “Niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales: ingreso de denuncias y respuesta del sistema de justicia penal”. En ese análisis la entidad revela que entre 2006 y 2024 las denuncias por delitos sexuales contra menores de edad se han cuadruplicado, alcanzando en 2024 su punto más alto con 40.754 casos.
Junto con publicar su reporte anual, la organización también llevó a cabo un conversatorio llamado “Violencia sexual contra la niñez”, a través de una transmisión de La Tercera. En la instancia —donde participó el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille; el director de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Maurizio Sovino; y la investigadora de la Universidad San Sebastián, Pía Greene— se abordaron los desafíos y las medidas necesarias para fortalecer las respuestas institucionales en la materia.
En el reporte de la fundación se consigna que “el crecimiento en las denuncias puede reflejar tanto un aumento real en la ocurrencia de estos delitos como una mayor capacidad para reconocerlos y denunciarlos”.
En esa misma línea, el informe señala que “otro hallazgo interesante del estudio muestra que —entre 2020 y 2024— se observa un cambio progresivo en las instituciones a las que ingresan la mayor proporción de denuncias”. Mientras que Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) han disminuido su proporción relativa, el Ministerio Público ha concentrado una fracción creciente.
Respecto de los tipos de delitos, el análisis muestra que “el abuso sexual representa la mayoría con más del 75% de los casos, seguido por la violación, que si bien disminuyó levemente su prevalencia desde un 16,6% en 2020 hasta un 12,9% en 2024. Los delitos de explotación sexual y estupro mantienen proporciones más bajas”.
Respecto de las víctimas, el informe confirma la tendencia de siempre, es decir, “más del 80% de las víctimas de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes son mujeres”. Algo novedoso respecto de este punto, plantea una de las conclusiones del informe, es el “leve pero progresivo aumento en la proporción de víctimas de sexo masculino reportadas, que pasó del 13,9% en 2022 al 18% en 2024”.
Amparo y Justicia además estudió el porcentaje de causas que logran llegar a la formalización, un hito procesal relevante y que da señales de la capacidad del sistema de traducir las denuncias en acciones concretas.
Respecto de esto, el informe advierte que “el porcentaje de denuncias que avanzan hacia la formalización ha caído desde un 19,3% en 2018 hasta un 8% en 2023”.
En ese mismo sentido, la entidad agrega que “a la baja proporción de formalizaciones se suma un aumento preocupante en el porcentaje de causas concluidas sin alcanzar una salida judicial, que han pasado del 70,6% en 2018, al 84,3% en 2022”.
El mecanismo más utilizado dentro de estas salidas es el archivo provisional, que ha representado más del 70% de los cierres en los años más recientes. “El archivo provisional de una causa penal es una forma de salida no judicial que se usa cuando no se cuenta con pruebas suficientes para seguir adelante con la investigación”.
El análisis de la fundación asegura que este fenómeno puede contribuir a una percepción de ineficacia del sistema penal frente a la persecución de delitos sexuales.
“Desde la sociedad civil nos preocupa profundamente que esta respuesta institucional se esté debilitando. Archivar una causa no es sinónimo de que no hubo delito”, afirmó la directora ejecutiva de Fundación Amparo y Justicia, Loreto Moore.
Moore añade que “los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes presentan complejidades particulares, sobre todo cuando se cometen en línea o cuando el agresor es desconocido. Estas condiciones, junto con una aplicación tardía de diligencias clave como la entrevista investigativa videograbada, pueden derivar en decisiones de archivo prematuras”.
Para el jefe de Estudios y Políticas Públicas de Fundación Amparo y Justicia, Nicolás Pietrasanta, “necesitamos criterios más claros para decretar los archivos y mayores instancias de revisión, tanto internas al Ministerio Público como externas e independientes, que permitan analizar la fundamentación de este tipo de decisiones y, en consecuencia, reevaluarlas”.
A juicio de Amparo y Justicia, “una de las herramientas clave para fortalecer las investigaciones en delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes es la entrevista investigativa videograbada”. Por eso, Pietrasanta explica que la fundación cuenta con “evidencia empírica que demuestra que los casos en que se aplica la entrevista investigativa videograbada tienen más posibilidades de avanzar en el proceso penal. Por eso, es fundamental que las instituciones responsables la utilicen de manera oportuna”.
