Este acuerdo busca evaluar los efectos de esta técnica en la persecución penal, vital para la recolección de testimonios de niños, niñas y adolescentes víctimas de delito sexuales y otros graves.
En un esfuerzo conjunto por mejorar la protección a los niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas de delitos sexuales, Fundación Amparo y Justicia y Fundación Paz Ciudadana firmaron un convenio para evaluar el impacto de la entrevista investigativa videograbada (EIV) regulada en la Ley 21.057.
“Es fundamental evaluar el cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas en el sistema de justicia penal, especialmente aquellas que impactan directamente en la protección de los niños y niñas víctimas de delitos. Este convenio, resultado de un esfuerzo significativo desde la sociedad civil, nos permitirá obtener una evaluación clara de los avances y desafíos del diseño y la implementación de la Ley 21.057”, indicó Alejandro Espinoza, presidente de Amparo y Justicia.
En esa línea, el director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, señaló que “es clave evaluar de forma rigurosa el impacto de las normas que implementamos, pero para hacerlo correctamente es necesario definir siempre y desde el principio sus objetivos y como esperan alcanzarse. Esta política pública es muy relevante porque además de evitar la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes, busca mejorar el desempeño del sistema de persecución penal”.
Entrevista Investigativa Videograbada (EIV)
Las instituciones informaron que la técnica de la entrevista investigativa videograbada (EIV) es una metodología que permite obtener testimonios de los NNA víctimas de delitos sexuales en sus propias palabras, minimizando su revictimización y asegurando la calidad de sus declaraciones para el proceso persecutorio. Con esta evaluación se busca contribuir a la persecución penal para los delitos sexuales y otros graves contra menores de edad.
Según el informe estadístico de la Fundación Amparo y Justicia, en 2023, solo el 38,9% de los NNA ingresados como víctimas (15.345) se les realizó una EIV.
A nivel internacional, la EIV y los protocolos estructurados basados en evidencia han mostrado resultados positivos. Un estudio en Estados Unidos sobre una muestra de 1.200 casos de abuso sexual infantil entre 1994 y 2000 reveló que el uso del protocolo NICHD -en el que se sustenta la Ley 21.057-, incrementó significativamente las tasas de levantamiento de cargos (54% con protocolo versus 45% sin protocolo) y condenas en casos enjuiciados.
El estudio concluyó que las entrevistas investigativas estructuradas mejoran la calidad de la información obtenida, facilitando la verificación de los hechos y apoyando la judicialización efectiva de los casos.